El presidente estadounidense, George W. Bush, invocó un poder rara vez utilizado, conocido como privilegio ejecutivo, para negarse a las peticiones del Congreso por información acerca de la destitución de ocho fiscales federales.

La Casa Blanca niega que hayan sido removidos de sus cargos por motivos políticos e insiste en que fue por causa de su falta de efectividad.

La Casa Blanca dice que podría permitirse a los ex funcionarios hablar con los investigadores en privado y de manera extraoficial.

Los dirigentes Demócratas dicen que podrían retar judicialmente la decisión de Bush.

La pareja de funcionarios en cuestión está compuesta por Harriet Miers, ex asesora legal de la Casa Blanca, y Sara Taylor, ex directora política de la Casa Blanca.

Miers ha sido citada a comparecer bajo juramento ante el Comité Judicial del Senado el miércoles.

Taylor debe hacer lo propio ante el Comité Judicial de la Cámara el día siguiente.

Disputa prolongada

La disputa acerca de la destitución de ocho fiscales federales en 2006 ha estado creciendo por varios meses.

Los Demócratas en el Congreso han estado tratando de forzar la renuncia del Fiscal General Alberto Gonzales, acusándolo de destituir a los fiscales por razones políticas, y después mentir acerca de la razón para su retiro.

Algunos Republicanos también respaldan esas intenciones.

Los presidentes estadounidenses han ocasionalmente utilizado la figura del privilegio ejecutivo para evitar que ellos o sus asistentes tengan que responder preguntas o suministrar información al Congreso o a las cortes.